Desde 2007, ha subido un 60%. En 2013, experimentó un aumento del 3,2% en enero, del 1,2% en julio, del 3,2% en agosto y del 3,1% en octubre. Ojalá estos incrementos fueran los que ha registrado el salario o la cuenta bancaria de cada uno de nosotros, pero no es el caso. Se trata de las subidas en el precio de la luz, que ahora amenazan con ser mayores para el próximo año, dado que el Ejecutivo ha decidido no liquidar el déficit de tarifa de 2013, cifrado en 3.600 millones de euros.
Obviamente, esta decisión pone en un aprieto a las compañías energéticas, que ya han acusado al Gobierno de incumplir sus compromisos, pero sobre todo compromete a millones de ciudadanos que verán, con toda probabilidad, cómo la factura de la luz se dispara sin que puedan hacer prácticamente nada por remediarlo.
Desde Moncloa lanzan advertencias de que no se permitirá un alza de precios del 12% o el 14%, como ya sugiere el sector (existe un norma no escrita según la cual la luz debe subir un 4% por cada 1.000 millones de déficit), pero nada se dice sobre aumentos del precio por debajo de esos umbrales...¿nos está queriendo decir el Gobierno que cabe la posibilidad de aumentos del 10%? Incluso aunque sean menores, seguirán siendo una losa para los consumidores muy difícil de asumir.
Y, no nos olvidemos, más gastos para los hogares se traducirán en menos poder adquisitivo, una mayor prudencia en el consumo, más incertidumbre...En definitiva, aportará más debilidad a la ya tímida recuperación económica, por lo que surge otra pregunta: ¿puede permitirse la economía y sociedad españolas?
La respuesta es no. No puede permitírselo, así como tampoco puede permitírselo el Gobierno y los principales agentes económicos después de haber lanzado en los últimos tiempos mensajes alentadores sobre el crecimiento del PIB y la llegada de capital extranjero a raudales.
Por este motivo, y asumiendo el riesgo de caer en la redundancia, se hace más evidente la necesidad de apostar decididamente por un modelo energético diferente, menos dependiente de los combustibles fósiles y que aproveche mejor los recursos que tenemos en nuestro país, que son muchos y variados. Pero aparte de dar un impulso a la energía renovable y al autoconsumo de hogares y empresas, tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras verdaderas necesidades.
Esto implica hacer un diagnóstico por sectores económicos y conocer cómo demandan energía. Una de las conclusiones a las que llegaremos es que el 30% de la energía que se consume procede de los edificios y está mucho menos controlada de lo que pensamos.
A pesar de que actualmente son muchos los sectores que ya controlan el consumo en edificios, es necesario hacer un seguimiento en tiempo real para detectar posibles anomalías y solventarlas en el momento en que se producen, para no derrochar energía, que es precisamente lo que no nos sobra.
Además, aunque la reducción del consumo lograda con este tipo de medidas de eficiencia energética depende de cada actividad económica, suele oscilar entre el 10% y el 30% anual, lo que en términos absolutos supondría miles de millones de euros de rebaja en el coste energético y contribuiría a impulsar los beneficios de las empresas, además de aliviar las facturas de aquellas comunidades de vecinos que ya las tienen implantadas.
Y aquí no estamos hablando de utopías, sino de una realidad que ya existe en nuestro país y que se abre paso día a día, confirmando que hay alternativas a un modelo energético obsoleto que tan solo trae quebraderos de cabeza a los ciudadanos y que tiene maniatado al Gobierno, sea del color que sea.
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