martes, 19 de marzo de 2013

La certificación: un paso más en nuestra autonomía energética

En las últimas semanas se han multiplicado las noticias sobre la entrada en vigor de la nueva normativa sobre certificación energética, que previsiblemente echará a andar a partir del 1 de junio. Aunque a priori pudiera parecer que los sectores inmobiliario y energético son los más vinculados a este cambio, lo cierto es que es una medida que implica a toda la economía y sociedad. 

El hecho de que la certificación sea obligatoria para cualquier edificio o parte de edificio que se venda o alquile supone un gran avance para frenar la gran dependencia energética (del 80%) que venimos arrastrando desde hace décadas, un hecho que ha lastrado siempre nuestra competitividad y especialmente ahora con la crisis. 

Llegados a este punto de nuestra reflexión, una pregunta inteligente podría ser: ¿cuál es la relación entre la certificación y la dependencia energética? ¿En qué medida la primera consigue reducir la segunda? Pues muy simple. Teniendo en cuenta que el 30% del consumo energético de nuestro país procede del interior de los edificios, cualquier medida que tienda a reducirlo representa un alivio para nuestra dependencia energética del exterior. 

Y es que pasar de una etiqueta 'E' a una 'B' puede suponer un ahorro de energía del 58% para un inmueble, que traducido en euros equivaldría a una rebaja en la factura energética anual de unos 2.000 euros. Aunque ese ahorro variaría en función del área climática en la que se lleva a cabo la certificación: no es lo mismo el consumo de calefacción en invierno en Almería (bajo) que en Ávila (mucho más elevado). 

La mejora en el uso de la energía a través de la certificación se puede conseguir a través de diferentes reformas en el inmueble, como la sustitución de cerramientos, el aislamiento de fachadas o el cambio de calderas. Son reformas que llevan su tiempo, pero que se pueden acompañar con otras medidas de gestión energética, como la monitorización en tiempo real, que supone un ahorro mínimo del 25%.

Una estimación realizada en su día por Euroconsult calculó un ahorro mínimo de 3.300 millones de euros anuales si se hiciera un seguimiento al segundo del consumo energético de los edificios españoles, una cantidad que supone un buen pellizco para la economía española.


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